Sistema de Recompensas en Venezuela
Lograda la Independencia y consolidada la República en el año 1830, no podemos afirmar que la paz estuvo canalizada en la naciente República. Las luchas antagónicas por mantenerse en el poder se iniciaron de inmediato y los nuevos grupos armados, surgidos de las continuas luchas, pasan a convertirse en latifundistas, al recibir tierras como pagos a sus servicios prestados. La inmensa crisis social, como vacío dejado por la Independencia, continúa haciendo estragos en Venezuela y se inicia un proceso de revoluciones y asonadas, las cuales se van a mantener durante todo el siglo XVIII.
Los hombres que hicieron la Independencia se van a mantener en esas luchas intestinas desde 1830 a 1863, cuando triunfan los federalistas, dando así lugar al nacimiento de una nueva élite, la cual desplaza a los grupos que surgieron en 1830, representados por el General José Antonio Páez, dictador para el momento del triunfo federal. Entonces, viviendo Venezuela una gran crisis política, social, económica y militar, nos preguntamos cómo se iba a pensar en un sistema de recompensas militares para aquellos personajes que participaron en la Independencia de Venezuela, si eran ellos los que tenían encendido e incendiado al país.
El 12 de febrero de 1833, el Congreso de la República emite un Decreto en el cual se incorporaba al Ejército y Marina a los oficiales Generales, Jefes y Oficiales, quienes se encontraban exiliados y no podían retornar a la patria, debido a las medidas represivas anti bolivarianas tomadas en Venezuela y Colombia en 1830, y desde ese entonces vagaban por las Antillas, sin recursos y sin patria. Entre ellos se encontraban los Generales Rafael Urdaneta, Mariano Montilla, José Laurencio Silva, Justo Briceño, León de Febres Cordero, Renato Beluche, Pedro Briceño Méndez, Daniel Florencio O´Leary, Diego Ibarra, etc. Esa medida de gracia fue solicitada por el General Carlos Soublette, Secretario de Guerra y Marina, incorporando a estos oficiales al ejército y marina, en los grados que ostentaban el 1ro de enero de 1830.
En el año 1836, el Gobierno tomó medidas para castigar a los oficiales involucrados en la Revolución de las Reformas, acaudillada por el General Santiago Nariño y oficiales recién reenganchados en Venezuela. Es decir, estos oficiales, héroes de la Independencia, nuevamente perdían sus empleos, grados, títulos, pensiones y condecoraciones de por vida, de acuerdo al Decreto emanado al respecto. Diez años después, en 1842, este Decreto fue revocado, concediéndoles el perdón a todos los involucrados en los hechos de 1835. Sin embargo, pasarían otros dos años para que se hiciera efectiva esta rehabilitación.
Hasta el momento, estos casos parecen increíbles que hayan sucedido, pero más sorprendente es lo acontecido con el Libertador Simón Bolívar, quien por Decreto del 17 de agosto de 1830, el Congreso de la República aprobada la proscripción del Padre de la Patria, perdiendo títulos y honores otorgados por Venezuela y Colombia. En el año 1833, el General José Antonio Páez, presentó ante el Congreso un proyecto de Decreto para hacer justicia al Libertador, siendo objeto de dura oposición en el Congreso e impugnado severamente. Las pasiones políticas se revolvían con mucha intensidad. Fue el Gral. Páez el autor principal de esta reacción contra el Libertador y al tratar de reparar su falta no pudo contener ese violento reaccionar, ni por la razón ni por la justicia. El Gral. Carlos Soublette, encargado de la Presidencia con motivo de la renuncia del Dr. José María Vargas en 1837, hizo lo propio, siendo negada nuevamente la solicitud. Finalmente en el año 1842, el Gral. José Antonio Páez, Presidente de la República, solicita al Congreso tal medida, siendo finalmente aprobada. Habían pasado 12 años desde la muerte de Bolívar para que se hiciera justicia en su nombre
Y revoluciones van y vienen produciéndose los mismos efectos: destierros, prisiones, exilios, perdón. En el año 1844, el Congreso de la República, en un Decreto, tomó en consideración a oficiales del Ejército Libertador de la época de la Independencia, quienes estaban pasando penurias y no se les había reconocido sus servicios; sin embargo, en el año 1859 este Decreto fue derogado, contemplando uno nuevo, con mayor amplitud para este contingente de héroes de la Patria. Hasta este momento las pensiones a muchos Oficiales del Ejército Libertador o a sus viudas, eran otorgadas en forma irregular pero no amparaban a todo el personal involucrado. Y había otra irregularidad: sólo se reconocían a Generales, Coroneles y altos Jefes. Pero... ¿Y los oficiales subalternos? ¿Y los soldados? Especialmente a estos últimos, quienes derramaron s sangre durante toda la lucha independentista, no les fue reconocida su participación por múltiples razones ni gozaban de monte pío. Esta situación fue enmendada en el año 1853, cuando fueron incluidos en el Decreto respectivo de ese año.
En el año 1854, el Congreso de la República creó la medalla de distinción con el busto del Libertador, con la finalidad de honrar a los hijos de la Patria por sus méritos y servicios en el Ejército Libertador, pero esta recompensa ya había sido instituida en el Perú un año antes, con el mismo objeto. Para el año 1863, una vez finalizada la Guerra Federal, la mayoría de los hombres de la Independencia han desaparecido del plano político, ya sea por muerte o por ancianidad. Y es en este año cuando aparece el primer decreto coherente, de justicia, en el cual el Gobierno del Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, Presidente de la República, decide que se ha cometido un acto inicuo con estos hombres de la Independencia, y que la Patria no ha estado agradecida a su esfuerzo por haberla emancipado. Hubo de esperar 39 años después de la Batalla de Ayacucho, para dar fehaciente muestra de agradecimiento a los hombres que hicieron la Independencia. Las guerras civiles conllevan a la destrucción de un país, de sus valores y de su historia.
Pero aquí no termina la historia sobre este punto. Hasta aquí llega la ingratitud, pero se abre otro capítulo, el cual veremos en la sección REALIDADES
