Visión y revisión del
30 de noviembre de 1952
(notas sobre la dictadura
en Venezuela)
Alfredo Angulo Rivas
El establecimiento de la dictadura en Venezuela no fue obra de
un plan maestro elaborado y puesto en práctica, limpia y redondamente,
por Marcos Pérez Jiménez. Es claro que él había dejado translucir
aspiraciones políticas dada su activa participación en dos golpes de
Estado. Pero el asunto digno de interés estriba en que Pérez Jiménez
trató inicialmente de legitimar su mandato en términos semejantes a los
propuestos por el Presidente Carlos Delgado Chalbaud. La hipótesis
que vamos a sostener marcha en contravía a la creencia general: Marcos
Pérez Jiménez transitó el camino de la dictadura a causa de su inhabilidad
para comunicar la verdad del fraude electoral ocurrido el 30 de
noviembre de 1952. La suya fue una reacción defensiva tras develarse
el complot organizado por Miguel Moreno y otros altos funcionarios
del gobierno, quienes secretamente montaron un tinglado de poder
con miras a favorecer a Jóvito Villalba y a su partido Unión Republicana
Democrática. De manera que es a partir del 2 de diciembre de 1952
cuando, en rigor, se impone el proyecto militar de gobierno. Marcos
Pérez Jiménez decide gobernar con las Fuerzas Armadas y en su nombre
va a actuar. Este caso muestra como una evolución política bajo el
protagonismo de actores militares, existe sin embargo un alto grado de
azar, bien por la ocurrencia de eventos inesperados, por la rapidez y la
audacia de las opciones seleccionadas o por el talento y la habilidad de
algunos individuos específicos.
Presente y Pasado. Revista de Historia. Año IV, Nº 7, Mérida-Venezuela (Enero-Junio, 1999), pp.35-58
Alfredo Angulo Rivas
Visión y revisión del
30 de noviembre de 1952
(notas sobre la dictadura
en Venezuela)
36
Paradojas de un proceso electoral
1952 fue un año electoral: muchos grupos políticos crecen de
la noche a la mañana por todo el país. Eran agrupaciones independientes
en apariencia, siendo en realidad grupos formados por la ingeniería
gubernamental. En Venezuela ya era una tradición que individuos
oportunistas formaran grupos de ‘independientes’ en apoyo del
gobierno que había seguido a una revolución exitosa. El caso es que se
trataba de ciudadanos notables en su respectiva localidad, hombres de
negocios y profesionales quienes, en su gran mayoría, eran seguidores
del gobierno.
Curiosamente, sin embargo, los grupos electorales digitados oficialmente
tenían un handicap en su cualidad para atraer votos. Sus candidatos eran
elementos conservadores, exitosos y ricos, esto es, ciudadanos sin
atractivos de masas. El comité ejecutivo de la organización oficialista en
el Distrito Federal mostró el apoyo de los más altos estratos sociales de
Caracas a la Junta de Gobierno, así como la red de vínculos que existía
entre sus miembros. El ingeniero civil Oscar Rodríguez Gragirena,
secretario general del grupo electoral, tenía el cargo de director gerente
de los trabajos de construcción de la avenida Bolívar. Margot Boulton,
primera mujer presidente del Concejo Municipal del Distrito Federal en
1947, figura como secretaria de organización femenina. En el comité
ejecutivo de la organización figuraban apellidos de reputación social. Allí
estaba Juan Bernardo Arismendi, rico propietario de bienes raíces cuyo
hijo político, Carlos Raúl Villanueva, será el gran maestro de la arquitectura
moderna en Venezuela. Encontramos a Pedro Gutiérrez Alfaro, un
prestigioso obstetra cuyo hermano era embajador de Venezuela en Río
de Janeiro. A Feliciano Pacanins, vicepresidente del Banco de Venezuela y
hermano del gobernador del Distrito Federal. A Julio César Morón,
compañero de leyes del Presidente Suárez Flamerich. Al rico fabricante
Armando Capriles, quien recolectaba fondos donados por los hombres
de negocios para la organización oficial. Al abogado Manuel José Arreaza,
esposo de una hija del general José María García, uno de los ‘sesenta
andinos’ que acompañaron a Cipriano Castro en su alzamiento militar al
finalizar el siglo XIX, quien había amasado una fortuna estimada en 20
37
millones de bolívares bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez (NARA,
731.00/10-351). Eran, pues, hombres y mujeres de los más altos estratos
sociales capitalinos de Venezuela.
No dejaba de ser paradójico el momento político: un gobierno
de facto que deseaba ganar una consulta sin maquinaria electoral,
provisto además de un personal político sin arraigo de masas. Y un
partido político, Acción Democrática en este caso, que como todo
formación partidaria es una máquina de ganar elecciones, dispuesta a
sabotear la ejecución de la contienda electoral.
La “espera desesperada” fue una actitud que cundió la práctica de
amplios sectores de la AD clandestina. Sus acciones no sólo rezumaron
escasa o ninguna confianza en la venidera consulta electoral, sino que al
transitar la vía de la violencia política al tiempo de estar en situación ilegal,
difícilmente podía reconstituirse en un polo electoral que sumara nuevas
adhesiones. Desde los altos círculos del gobierno nacional hubo, además,
la intención deliberada de estimular la división interna de AD. Prueba de
ello había sido la decisión del 19 de abril de 1949, ocasión en la que
fueron puestos en libertad varios dirigentes de AD nativos del andino
estado Táchira. El secretario de la Junta Miguel Moreno, al ordenar la
libertad de Leonardo Ruiz Pineda, Luis Troconis Guerrero, Carlos Andrés
Pérez, Cesar Morales Carrero y Luis Hurtado Higuera, apuntó a “...crear
un fuerte deterioro en el seno de la organización donde aquellos estaban afiliados”
(Acuña, 1990:156). Desde la fecha de su liberación en abril de 1949,
Leonardo Ruiz Pineda pasa a ocupar la secretaría general de AD. Y en
razón a la soterrada protección otorgada por Moreno, él será el único
dirigente que pudo mantener la continuidad de 42 meses ininterrumpidos
al frente de la dirección nacional clandestina de este partido.
Las paradojas, en fin, no podían ser más evidentes: un
gobierno que habiendo nacido por vía de un golpe de Estado, buscaba
legitimarse electoralmente. Entretanto, Acción Democrática, cuyo
mandato había sido desconocido sin resistencias manifiestas pese al
masivo espaldarazo popular recibido en tres comicios a lo largo de
los años 1946, 1947 y 1948, cargaba los dados a favor de la rebelión
militar y la acción directa. AD no se percató de que la prosperidad
38
económica derivada de la expansión del ingreso petrolero, creó una
base material estable que permitió a la Junta gobernante una capacidad
para acomodar intereses de distinta naturaleza social. El 15 de
diciembre de 1950 el Boletín número 4 del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) de AD, al evaluar la situación económica y administrativa del
país mostraba una perspectiva equivocada de los hechos. Así decía:
“En las últimas semanas el malestar del comercio, de la industria, de las clases
productoras, se ha acentuado notablemente como reflejo de la caótica situación
política y del entrabamiento producido por un estado de sitio que lleva prácticamente
más de dos años de duración” (AHM, B-10; 15/12/1950). El documento
del CEN, al tiempo de fijar preferencia por un partido con un menor
número de miembros pero activos todos, reconocía una práctica que
cobraba fuerza en AD. Era la propuesta de que la actividad
organizativa y política diaria debía ser sustituida por una actitud de
‘espera desesperada’ que llevara a este partido por medios
extraordinarios a la reconquista del poder.
Muchos de los militantes de AD asumieron una actitud contraria
a la política de no-violencia, llegando a transitar el dudoso camino moral
del terrorismo. La novela Se llamaba SN de José Vicente Abreu deja lugar
a pocas dudas respecto a la adopción de una estrategia violenta de
recuperación del poder. El relato que el autor hace del 12 de octubre de
1951 está escrito en un estilo transparente que deja lugar a pocas dudas
(Abreu, 1964:94). Frente a una política de contornos violentos bien
definidos, la reacción gubernamental se hace aún más represiva. El 8 de
diciembre de 1951 es reabierta Guasina, un centro penitenciario localizado
sobre una isla fangosa de 4 millas en el Delta del Río Orinoco. Allí fueron
confinados varios centenares de presos políticos, en medio de condiciones
ambientales extremadamente adversas para la vida humana. Aunque
clausurada trece meses más tarde (el 20 de diciembre de 1952), Guasina
se convertiría en el estigma de un gobierno que ante los ojos de la opinión
pública internacional, mostraba una orientación autoritaria al violentar
los derechos humanos de la población. Irónicamente un civil con
formación jurídica preside el gobierno de Venezuela durante aquel lapso
de tiempo: el Dr. Germán Suárez Flamerich.
39
En suma, la práctica de la violencia no fue una conducta
excepcional en AD. Al lanzar los dados por el golpe de Estado, el costo
humano para AD fue altísimo porque significó la pérdida de su generación
de líderes de relevo, sin descontar que esta formación partidaria adoptó
una estructura organizativa cerrada semejante a la de un cuerpo militar en
la que el debate interno resulta cancelado. Los frutos de esa opción
revirtieron en su contra: el trabajo de masas es abandonado en aras de un
voluntarismo heroico pero inútil que terminó por coadyuvar en la tarea
de consolidar al régimen que se pretendía derrumbar.
El naufragio del proyecto civil de gobierno
La Junta de Gobierno dio muestras sinceras de querer realizar
la consulta electoral porque tenía confianza en que saldría airosa de la
confrontación. El 27 de febrero de 1952, con motivo de haber
comenzado el lapso del registro de los votantes hombres y mujeres
mayores de 21 años previsto por el Estatuto, el ministro de Relaciones
Interiores Luis Felipe Llovera Páez dirige una alocución al país cuyo
planteamiento central es la defensa de un gobierno de opinión que esté
respaldado por los votos de la mayoría: “La Junta de Gobierno considera que
una de las más importantes razones para desear la feliz culminación del proceso
eleccionario consiste en que sólo a un cuerpo deliberante, libremente elegido, representativo
genuino de la voluntad popular, puede y debe corresponderle el examen detenido de las
cuentas de la Administración”, asevera el ministro Llovera Páez en clara
adhesión al control democrático de la gestión de gobierno (Rivas Rivas,
1977:182). De manera que la prédica democrática oficial permanece, no
obstante las restricciones a la oposición abierta de los partidos políticos.
La Junta gobernante echó adelante iniciativas en dirección a
garantizar un resultado favorable. Con tal fin establece tres grupos
electorales en distintas ciudades de la geografía nacional: el Frente
Electoral Independiente (FEI) localizado en Maturín (estado Monagas);
la Organización Independiente (OI) con sede en Barquisimeto (estado
Lara) y la Unión Nacional (UN), asentada en Maracaibo (estado Zulia).
Al mismo tiempo, crea un Comité Nacional Coordinador a fin de
40
armonizar el trabajo de los tres grupos electorales. En su junta directiva
aparecen los nombres del secretario de la Junta Miguel Moreno, del
secretario del Presidente de la República el abogado ex comunista Rafael
Heredia y del director de política del Ministerio de Relaciones Interiores
Ciro Sánchez Pacheco. En el comité coordinador de la agrupación
oficial aparece también el nombre de Guillermo Veloz Mancera, otra
figura política ligada a la izquierda comunista. Pragmáticamente, los
viejos cuadros comunistas habían entrado a palacio haciendo a un lado
sus preceptos ideológicos, aunque no por esa renuncia dejaran de accionar
políticamente. El sorpresivo resultado de las elecciones del 30 de
noviembre de 1952, estará asociado a los hombres que dirigieron el
comité nacional coordinador del partido oficial.
Pocos días antes de hacerse efectivo el escrutinio electoral, la
ocurrencia de un evento de innegables implicaciones políticas va a enervar
la fuerza del proyecto civil de gobierno. La Seguridad Nacional pone al
descubierto la conexión secreta entre el secretario de la Junta de Gobierno
Miguel Moreno y el secretario general de la AD clandestina Leonardo
Ruiz Pineda. En telegrama al Secretario de Estado Dean Acheson, el
embajador Fletcher Warren informa el 4 de noviembre de 1952: “La
fuente mencionó que en una ocasión cuando la policía había efectivamente rodeado la
casa donde estaba Ruiz Pineda, éste había sido enviado afuera por Moreno. Agregó que
Moreno había escondido ocasionalmente en su casa a Ruiz Pineda. La fuente consideraba
a Moreno un traidor en todo sentido y auguraba jubilosa la continuación de Pérez
Jiménez en el poder” (NARA 731.00/11-452).
Desde esta perspectiva se comprende mejor por qué Leonardo
Ruiz Pineda, en unión a otros políticos de AD nativos del estado Táchira,
habían sido liberados en abril de 1949, mientras que otros líderes de
esta organización permanecieron en la cárcel. Es de anotar que las
respectivas historias personales de Ruiz Pineda y Miguel Moreno
evidenciaban dos coincidencias biográficas que dieron base objetiva a
la identificación recíproca: ambos habían nacido en la fronteriza
población de Rubio y en el año 1916. La cercana relación entre los dos
políticos fue cultivada en la década de los años treinta, época en la cual
ambos hicieron labor periodística en el semanario El Esfuerzo, una hoja
41
impresa que circulaba en aquella pequeña localidad de los Andes
venezolanos. Así lo relató en sus amenos apuntes autobiográficos el
malogrado dirigente de AD (Ruiz Pineda, 1977:114).
La muerte del secretario general de AD ocurre el 21 de octubre
de 1952, tras producirse un enfrentamiento armado con dos agentes
de la Seguridad Nacional. Es verdad que el líder tachirense era el hombre
más buscado en Venezuela. Obviamente, cerca de 1200 días en la
oposición clandestina representaban un desafío a la eficiencia
gubernamental. En sana lógica sin embargo, resulta impensable que se
hubiera ordenado su asesinato. Habiendo sido gobernador del Táchira
y luego ministro de Comunicaciones, Ruiz Pineda tenía una proyección
nacional que desaconsejaba la aplicación de una medida de tan alto
coste político. Su muerte, antes que obra de una delación, fue el resultado
de la actitud temeraria del líder. Acción Democrática vivía graves
discrepancias internas y en consecuencia mal podía interesarle al gobierno
la liquidación física del secretario general de este partido. Eligio Anzola,
dirigente nacional de AD y ministro de Relaciones Interiores durante el
gobierno de Rómulo Gallegos dio cuenta de la fractura interna que
sufría este partido: “En el exterior y sobre todo entre el presidente Rómulo
Betancourt y el Secretario General de AD, Leonardo Ruiz Pineda, había una gran
separación, había no solamente separación sino que había grandes discrepancias en la
manera de conducir el movimiento. Leonardo prácticamente no tenía comunicación
con el presidente Betancourt [...] Yo tengo la impresión de que había aquí un grupo
de personas que rodeaban a Leonardo Ruiz Pineda y le había hecho ver la conveniencia
de alejar a Rómulo de toda participación del movimiento acciondemocratista, asumiera
él completamente la dirección del partido y en el caso muy posible (muchas veces fue
así), de que se diera un golpe, asumiera él (Ruiz Pineda) la presidencia de la República”
(Acuña, 1977:477). En un nuevo acto que confirmaba su maestría para
la intriga política, Miguel Moreno había estimulado la separación entre
ambos líderes de AD.
El caso es que el gobierno aparecía violentando un tácito
acuerdo histórico. El funcionario de la embajada americana en Caracas
Henry A. Hoyt dejó constancia escrita de esta circunstancia, el 30 de
octubre de 1952: “Fue puntualizado que Ruiz Pineda es un Andino y que a
42
pesar de las diferencias en las lealtades políticas de los Andinos en el pasado, ambos
lados se habían abstenido de matarse unos a otros. Muchas personas declaran que es
la primera ruptura de este pacto” (NARA, 731.00/10-3052). Y a renglón
seguido acotaba: “Entonces, el Gobierno, en lugar de manejar el asunto
astutamente, ‘complicó la felonía’ por la pretendida muerte de tres o cuatros personas
arrestadas en conexión con las actividades de Ruiz Pineda. Mientras ningún anuncio
sobre estas muertes fue hecha, pronto fue un secreto público que varias otras personas
habían sido muertas a través de la brutalidad de oficiales de la Seguridad Nacional”
(NARA, 731.00/10-3052). Es de anotar que la muerte de Ruiz Pineda
conmovió hasta los más altos niveles del gobierno. De ello dejó constancia
escrita Bainbridge C. Davis, funcionario del Departamento de Estado
el 12 de noviembre de 1952: “Una fuente de la embajada que ha sido apoyo de
Pérez Jiménez entiende que el 3 de noviembre el presidente de la Junta amenazó con
renunciar a menos que fuera tomada una acción para sancionar aquellos responsables
por el reciente asesinato”(NARA, 731.00/11-1252). Pero no solo el
Presidente Suarez Flamerich, con su actitud discrepante, entrañó un
problema en el gobierno.
La posición del secretario de la Junta de Gobierno y la de su
hermano, coronel Félix Román Moreno, jefe encargado del Estado
Mayor, no pasaba desapercibida. Un informe de la embajada de los
Estados Unidos en Caracas del 30 de octubre de 1952, daba cuenta de
la relación: “El primero es acreditado como el más astuto político entre la jerarquía
del Gobierno, y éste es a menudo referido como el segundo hombre más poderoso en
Venezuela”(NARA, 731.00/10-3052). Obviamente, la suma de estas
fuerzas daba lugar a rumores sobre las ambiciones políticas de ambos
hermanos y sus maniobras a fin de ganar más poder: “La protección de
Miguel Moreno a comunistas como Rafael Heredia, así como de otros repugnantes
elementos dentro del Gobierno (sic), ha causado comentarios y es puntualizado como
evidencia de que Miguel Moreno está desarrollando su propio grupo de seguidores
dentro del Gobierno. Además, Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional, ha
admitido a funcionarios de la Embajada que ‘los Morenos están fuera de mi alcance’.
Debido a que Estrada es considerado como un hombre escogido por Llovera Páez y
Pérez Jiménez, esto es visto por algunos como prueba según la cual los Morenos están
trabajando secretamente contra los miembros de la Junta”(NARA, 731.00/10-
43
3052). Y en efecto, la ambición personal de Miguel Moreno entró en
oposición a la de Pérez Jiménez. Sin embargo, el secretario de la Junta
de Gobierno continua en funciones públicas porque su destitución, a
dos semanas de hacerse efectiva la consulta electoral, hubiera significado
admitir la crisis interna a la vista de todos.
El 17 de noviembre de 1952, el jefe de la Seguridad Nacional
visita la embajada americana en Caracas. Pedro Estrada solicita conversar
sobre la situación política del país. Allí declara al embajador Warren lo
siguiente: “Miguel Moreno, Heredia, Pinzón y el resto de los miguelitos están
acabados. Ellos continúan en sus oficinas bajo cerrada observación hasta después de
las elecciones ... Los miguelitos fueron removidos en el último minuto de las lista oficial
de candidatos a la Asamblea Constituyente... El presidente Suárez Flamerich,
intentó apoyar a Miguel Moreno en el asunto Ruiz Pineda. Después de las elecciones
él probablemente irá a la Embajada de España, su importante utilidad política ha
terminado”, dice Estrada para finalizar la conversación (NARA, 731.00/
11-1752). Pero en algo se equivocó el bien informado jefe de la policía
secreta: las elecciones no se llevarían a cabo sin problemas.
En resumen, con la muerte de Ruiz Pineda la red de vasos
comunicantes entre andinos tachirenses queda rota. El trabajo de espionaje
de la Seguridad Nacional detectó cómo Ruiz Pineda gozaba de la
protección de Miguel Moreno. Ese resguardo proporcionado por el
alto funcionario de gobierno permitió al líder de la resistencia clandestina
una libertad de movimiento y de conspiración sin igual. La falta de ese
apoyo para los sucesivos secretarios generales de AD explica por qué no
podrán construir algo semejante posteriormente. Al ser descubierto
Moreno en su audaz juego político, el proyecto civil de gobierno pierde
fuerza. Para encubrir la crisis, Moreno continua en la Secretaría de la
Junta, pero el resultado de la consulta electoral mostrará qué tan lejos él
quería llegar.
El doble fraude de una consulta electoral
La oposición de AD y el PCV mantienen la línea de evitar la
realización de la consulta electoral. Ambos partidos continúan
44
publicando artículos clandestinos y panfletos que llamaban a la unidad
contra el gobierno, denunciando todos sus actos y aseverando que las
elecciones eran una farsa. Pero el asunto digno de relieve es que AD
declinaba en importancia. Sometido a la ilegalidad por cuatro años,
enfrentada la dirección clandestina con el liderazgo en el exilio y golpeada
severamente luego de haber transitado el camino de la violencia, era de
suponer que AD se había venido a menos. Cierto que había sido capaz
de hacer un buen despliegue de propaganda fuera del país y de realizar
alguna actividad dentro de Venezuela. Sin embargo, su influencia era
menor a la publicidad y la lealtad de los partidarios de AD dentro del
país estaba limitada principalmente a un pequeño grupo de militantes
que tendrían mucho que ganar si AD regresaba al poder. El gobierno,
además, había encarcelado a los dirigentes sindicales opositores y, por
medio de sus programas, había logrado conquistar el respaldo de los
sectores laborales. (NARA, 731.00/11-2652). Estimaba la embajada
americana en Caracas, de acuerdo a un informe del 26 de noviembre
de 1952, que los grupos pro-gobierno del FEI ganarían más de un
millón de votos porque muchos sufragios que AD había recibido en
las elecciones de 1947 eran de personas que votaron por el gobierno en
el poder más que específicamente por Acción Democrática y, por
consiguiente, no debían ser contados como verdaderos partidarios de
AD (NARA, 731.00/11-26522).
El Frente Electoral Independiente (FEI) hizo énfasis en las metas
de desarrollo social, con lo que buscó contrarrestar hábilmente la
campaña publicitaria de URD. Sin embargo, la organización electoral
auspiciada por la Junta de Gobierno no logró copar las propuestas del
partido URD. Así por ejemplo Mario Briceño Iragorry, candidato
principal a la Asamblea Constituyente por el Distrito Federal, desarrolla
un discurso de netos contornos nacionalistas que difícilmente el FEI
podía asumir. En el cierre de campaña del partido URD el 26 de
noviembre de 1952, Briceño Iragorry expone sus ideas en el Nuevo
Circo de Caracas. Allí el escritor se pronuncia contra la entrega de nuevas
concesiones petroleras, al tiempo que reclama una política de prevención
que se tradujera en mantener “cerrados los yacimientos petrolíferos que han
45
escapado a la zarpa del imperialismo”. Por no favorecer los intereses
económicos nacionales, en esa ocasión el Cronista de Caracas pone en
tela de juicio el Tratado Comercial con los Estados Unidos. Al hacer
profesión de fe por los elementos propios de la nacionalidad, Briceño
Iragorry manifiesta su desacuerdo con “las llamadas puertas abiertas con el
capital extranjero, que está desplazando lo venezolano”(Rivas Rivas 1977:212).
Un día antes de hacerse efectiva la consulta electoral, el 29 de
noviembre de 1997, el director de la Seguridad Nacional Pedro Estrada
le expresa al embajador Fletcher Warren cuales eran las expectativas del
gobierno en materia electoral. La Junta de Gobierno estimaba que iba
a perder las elecciones en Caracas, pero se encontraba fuerte en otros
lugares, especialmente en el oriente de Venezuela y en el Estado Zulia.
Calculaba el jefe del cuerpo policial que el porcentaje de votos iba a ser
de 10 % para COPEI, 15% para URD y el gobierno obtendría entre
70 y 75 %. “Nosotros no podemos, no debemos, dejar caer este país en manos
extremistas”, fue el planteamiento final de Estrada (NARA, 731.00/11-
2952). La frase dejaba en claro la indisposición del gobierno a dar
marcha atrás en su plan de retener el control del Estado.
El 1 de diciembre de 1952, el embajador Fletcher Warren
informa por medio de un telegrama al Secretario de Estado Dean
Acheson que el partido URD iba ganando en todo el país, excepto en
Mérida por ser el bastión electoral de COPEI, y en el estado Táchira,
entidad donde había nacido el coronel Pérez Jiménez. (NARA, 731.00/
12-152). Al día siguiente, sin embargo, el embajador Warren comunica
que la Junta había desconocido los resultados electorales a causa del
apoyo dado por los partidos AD y PCV a URD.
El caso es que la derrota política del abstencionismo de AD
será convertida en victoria publicitaria. En conversación con el
funcionario del Departamento de Estado Bainbridge C. Davis, el ex
ministro Juan Pablo Pérez Alfonso conviene en que la población
venezolana había preferido el voto y no la violencia: “El admitió que eso
tuvo más efecto sobre la mayoría de los votantes de AD que las instrucciones del
partido de abstenerse a votar” (NARA, 731.00/12-252) Pérez Alfonso resta
importancia a las causas que habían separado a estos dos partidos
46
políticos, al indicar que las diferencias habían sido en base a
personalidades. Por su parte, Rómulo Betancourt declara a la prensa en
San José de Costa Rica, el 2 de diciembre de 1952: “La nueva situación
política, creada por la crisis interna de la dictadura, se hace más aguda, determinada
por el viraje de Acción Democrática en respaldar a los candidatos de la oposición con
sus votos” (NARA, 731.00/12-252). Con algunos matices adicionales, el
ex-presidente mantendrá esa versión sesgada de los hechos en Venezuela,
Política y Petróleo, libro escrito durante su tercer exilio: “En efecto, Acción
Democrática, modificando rápidamente su actitud abstencionista inicial ante los
cambios operados en la situación política del país, había votado por los partidos de
oposición legalizada» (Betancourt, 1979:671). Con ello escondió que las
bases electorales de AD habían votado espontáneamente, sin acoplarse
a las instrucciones provenientes de la dirección de este partido. Político
entrenado por haber vivido las experiencias de la oposición, el gobierno
y el exilio reiterado, Betancourt intentó sacar provecho de la crisis política
suscitada en el alto gobierno.
En contraste, el coronel Pérez Jiménez incautamente agrava la
crisis al enviar un telegrama precipitado a Jóvito Villalba e Ignacio Luis
Arcaya el 2 de diciembre de 1952. El ministro de la Defensa admite
implícitamente la derrota oficial en la parte final del mensaje. Así les dice
al secretario general y presidente de URD: “La Institución Armada, tan
escarnecida por ustedes, no está dispuesta a admitir que por acuerdos torvos se vaya a
lesionar el prestigio y el progreso de la nación, seriamente comprometido por el triunfo
electoral [negritas nuestras] de Acción Democrática y el Partido Comunista,
que URD ha propiciado” (Stambouli, 1980:282). Al no informar cabalmente
la verdad de la conspiración interna, la opinión de la gente se inclinó a
creer que URD había ganado en buena lid y que la Junta de Gobierno
había cometido un fraude sin más. Esa, sin embargo, no fue toda la
verdad de los hechos. El ministro Pérez Jiménez tuvo poderosas razones
para creer que el gobierno iba a ganar limpiamente la consulta electoral.
Tomaría unos días más aclarar la verdad de aquella confusa circunstancia
política.
Habiendo sido puesto en libertad la noche del 2 de diciembre
de 1952, el presidente de URD Ignacio Luis Arcaya visita al embajador
47
Warren al día siguiente, a fin de explicar la posición de su partido. Tras
expresar que URD es una fuerza moderada, admite lo siguiente: “URD
ha ganado una abrumadora victoria electoral que ha sorprendido aún a los líderes
del partido. Muchos de los votos no fueron por URD sino como protesta contra el
presente régimen. Adecos y comunistas aprovecharon la oportunidad de votar contra
el gobierno al apoyar la tarjeta de URD. Repudia a Briceño Iragorry pues no es un
hombre de URD ni representa los ideales del partido” (NARA, 731.00/12-
352). Arcaya anuncia una huelga general para el 4 de diciembre, si las
conversaciones en el Palacio de Miraflores esa misma tarde no daban
resultados satisfactorios. Sin embargo, el fracaso en la convocatoria a la
huelga debilitó la oposición partidista y las Fuerzas Armadas recobraron
el prestigio que, temporalmente, habían perdido debido a la confusión
reinante luego de verificarse la consulta electoral.
El evento electoral del 30 de noviembre de 1952 no tenía, para
la fecha, precedentes en la historia política de la región. Debe tenerse
presente que en vista de la alta tasa de analfabetismo reinante, cantidad
que para la época era aproximadamente del 65% de la población, la
elección fue arreglada para que la votación se hiciera por medio de tarjetas
diseñadas en diferentes formas y colores. De manera que el escrutinio del
sufragio fue un acto en el que la mayoría de esa población no participó
directa o indirectamente. Mediante un informe elaborado el 10 de
diciembre de 1952, el funcionario de la embajada americana Franklin W.
Wolf asienta que en la mañana del 30 de noviembre de 1952 el gobierno
militar estaba confiado de que la población elegiría una mayoría substancial
de los miembros de la Asamblea Constituyente identificados con la
administración en el poder: “A las 8 :30 p.m. del 30 de noviembre los resultados
preliminares de la votación, particularmente de las ciudades de Caracas, Valencia y
Maracaibo, habían sido recibidos por los oficiales que esperaban en el Palacio de Miraflores.
Estos resultados preliminares causaron gran consternación porque ellos indicaban que
el voto combinado de la oposición era más de dos a uno contra el voto de aquellos
partidos favorables a la administración” (NARA, 731.00/12-1052). La
consternación se produce porque los resultados iban más allá de cualquier
expectativa pesimista. La falta de sagacidad política termina por complicar
aún más la situación del gobierno. Así lo describió Wolf: “Después de la
48
primera publicación oficial (un grave error de parte del Gobierno) de noticias que
indicaban al pueblo de Venezuela que la oposición estaba encabezando por una larga
mayoría, rumores y señales de posibles disturbios comenzaron a expandirse. Después de
un breve período de duda fue tomada una acción, y el 2 de diciembre fue hecho el anuncio
de que el Ejército..., había decidido cambiar la forma del brazo ejecutivo de una Junta
de tres hombres a una Presidencia Provisional” (NARA, 731.00/12-1052). A
diez días de haberse hecho efectiva la consulta electoral, la población
desconocía los resultados definitivos de la misma. Y la razón de semejante
retraso guardaba relación con la puesta en ejecución de un fraude electoral.
Las dudas enfocaban hacia Miguel Moreno, pues era visto como
el más hábil político de la Venezuela del momento. De acuerdo a
Franklin W. Wolf: “Una gran cantidad de individuos que mantienen posiciones
estratégicas en varios ministerios son amigos y designados de Moreno. Es totalmente
posible que Moreno pudo haber concebido una conspiración que eventualmente le
habría dado el control supremo de Venezuela” (NARA, 731.00/12-1052). La
conspiración había comenzado por animar a la Junta a hacer la consulta
electoral. Moreno había asegurado al coronel Pérez Jiménez que los
resultados serían favorables en vista de la clara evidencia de que el
gobierno militar había hecho un buen trabajo y, en consecuencia, la
influencia de AD había menguado. Al propio tiempo, el secretario de la
Junta operaba secretamente a través de los partidos de oposición y
más particularmente a través de URD, guardaba conexiones con un
sector de Acción Democrática y los comunistas, todo lo cual explicaba
la abrumadora mayoría de los resultados electorales a favor de la
oposición. No exento de perplejidad, Wolf comentaba que “...sólo muy
tarde Pérez Jiménez despertó al hecho de que estaba rodeado en el Palacio de Miraflores
por verdaderos traidores” (NARA, 731.00/12-1052). La certeza de haber
sido internamente traicionados es la vía que explica la decisión del alto
mando militar el 2 de diciembre de 1952. Los comandantes de las
Fuerzas Armadas confían en un hombre, en el ministro Pérez Jiménez,
razón por la cual es nombrado Presidente provisional.
En lo inmediato, sin embargo, Pérez Jiménez no provoca una
purga general de los designados por Miguel Moreno. El coronel Félix
Román Moreno es mantenido oficialmente en el poder, en un esfuerzo
49
por mostrar que era un leal partidario de Pérez Jiménez. Agudamente,
Franklin W. Wolf dirá al respecto: “Esto probablemente es verdad, con la sola
excepción que si algo le sucede a Miguel Moreno, la sangre podría demostrar que es
más espesa que el agua y el Coronel no podría resistir tal examen supremo de
lealtad” (NARA, 731.00/12-1052). Miguel Moreno pierde finalmente
su posición en la Junta, pero no fue objeto de alguna sanción que le
impidiera libertad de movimiento. Se marcha del país y establece oficina
en la ciudad de Nueva York.
Pero en fin ¿ cómo ocurrió el fraude ? Los resultados electorales
preliminares fueron recibidos por Pérez Jiménez y sus partidarios con
gran consternación. Sin embargo, debido a que ellos venían
principalmente de la población urbana de Caracas, Valencia y Maracaibo,
no hubo un alto grado de necesidad de ejecutar un fraude inmediato.
Para los militares era razonable esperar que la oposición lograra una
amplia mayoría en esos lugares, aunque no en otras partes del país.
Pero luego, el gobierno autorizó el fraude en la recolección de los
resultados siguientes, vale decir, en una segunda etapa. El fraude había
ocurrido, un hecho que no parecía ser algo inédito en la historia electoral
de Venezuela. Pero el asunto de relieve, que le dio singularidad a la
consulta del 30 de noviembre de 1952, fue el que ambas partes
cometieron fraude. En este sentido el funcionario Franklin W. Wolf
recogió algunas opiniones: “Un individuo con más de 20 años de experiencia en
Venezuela, presidente de una gran corporación, afirmó categóricamente... ‘Ha sido
un gigantesco doble engaño. El fraude original fue iniciado por la oposición. Este se
juntó con el fraude del Gobierno en el poder’...” (NARA, 731.00/12-1052).
Esta discriminación de los resultados electorales no estaba al alcance
del hombre de la calle.
La tesis del voto protesta era insuficiente para explicar la derrota electoral
del gobierno. Hubo efectivamente votos de rechazo al régimen pero
quedaron limitados a un segmento del total de la población votante.
Aquéllos que permanecieron leales al ilegalizado partido AD no
encontraron otra vía para expresar sus opiniones que votar por URD.
Los ciudadanos influenciados por la propaganda comunista también
depositaron sus votos a favor de URD. Los votantes que sinceramente
50
creían en el nacionalismo y que fueron convencidos por la prédica de
algunos líderes políticos de que la riqueza de Venezuela estaba siendo
explotada por intereses extranjeros, apoyaron a URD. Hubo también
algunos votantes que rechazaron el regionalismo, que resintieron la
continuación en el poder del grupo andino personificado por Pérez
Jiménez. De nuevo la reacción anti-andina, esta vez expresada
electoralmente, se hizo presente en la vida política del país.
Colofón
En suma, la derrota electoral de Pérez Jiménez obedeció al
efecto combinado del voto de protesta y la conspiración interna de
Miguel Moreno y otros altos funcionarios dentro de la administración.
El secretario de la Junta había apostado a un gobierno nacido de la
alianza de URD, AD, comunistas y el grupo Uribante. Quizás un
gobierno con tan heterogénea base política hubiera resultado poco
estable. Pero el punto digno de poner de manifiesto es que Miguel
Moreno tuvo las dotes persuasivas del animal político, pues había logrado
convencer a Pérez Jiménez de la bondad del camino electoral. Muy
pocos supieron que el 30 de noviembre de 1952 hubo, en realidad, un
doble fraude. Es verdad que URD obtuvo una importante votación,
pero no toda provino de la libre y soberana voluntad del elector.
El cúmulo de evidencias indicaban que la conspiración de Miguel Moreno
contra el gobierno era la causa del considerable número de votos recibidos
por URD. Las mejores fuentes de la embajada americana en Caracas sostenían
que la traición empezó cuando Moreno estableció contacto con líderes de
URD, Acción Democrática y Partido Comunista, llegando a un acuerdo.
Miguel Moreno no resultó un socio estable ya que tenía aspiraciones propias.
Un informe del funcionario americano Henry A. Hoyt aseveraba el 18 de
diciembre de 1952 lo siguiente: “Algunas fuentes están convencidas de que si la
victoria de URD hubiera sido reconocida y apoyada por el Ejército, Miguel Moreno habría
sido nombrado Presidente Provisional” (NARA, 731.00/12-1852). Los partidarios
de Moreno estaban colocados en posiciones estratégicas y, aunque
ostensiblemente trabajaban por el FEI, habían realmente dado apoyo a la
51
campaña de URD. Estos partidarios incluían funcionarios en posiciones
claves del gobierno como jefes de la Seguridad Nacional, gobernadores de
varios estados del país y testigos del FEI en los organismos electorales. El
modo como fue puesto en práctica el fraude resultó tan audaz como
inescrupuloso. Cuando el total de la votación fue recibido en niveles electorales
medios, los testigos Moreno-FEI cambiaron los totales para mostrar que
URD estaba ganando. De allí la abrumadora cantidad de votos obtenidos
por URD al ser difundidos los primeros resultados. Mientras tanto, Moreno
había pavimentado cuidadosamente el camino para realizar unas elecciones
completamente libres al convencer a Pérez Jiménez que el gobierno ganaría
una victoria fácil
Al caer en cuenta de la conspiración, Pérez Jiménez comenzó a
desmontar el tinglado organizado por Miguel Moreno. El 10 de
diciembre de 1952, el doctor Luis Hueck, Director de Industrias del
Ministerio de Fomento, es destituido del cargo y sometido a arresto.
Con pruebas documentales en mano el gobierno determina que Hueck
había estado comprometido en promover los esfuerzos de URD
mientras se hacía pasar como miembro del FEI. Algo semejante tiene
lugar con el presidente del Instituto Nacional de Nutrición del Ministerio
de Sanidad, Armando González Puccini, quien es removido de su
posición porque a través de la captura de los archivos de URD quedó
en evidencia que había estado contribuyendo para la campaña de este
partido. Debido a sus actividades a favor de URD, también son
destituidos los jefes de la Seguridad Nacional en los estados Carabobo,
Guárico y Miranda. Otro tanto ocurre en las gobernaciones de los
estados Yaracuy, Anzoategui y Miranda donde son designados
gobernadores interinos. La embajada americana en Caracas no llegó a
tener evidencias para indicar que Luis Felipe Llovera Páez había estado
envuelto en la conspiración, aunque hacía conjeturas respecto de Germán
Suárez Flamerich, de quien el segundo secretario Henry A. Hoyt anotaba
lo siguiente: “Parece ser más probable que Suárez Flamerich estuvo envuelto o
conoció de la traición” (NARA, 731.00/12-1852), presunción ésta que no
encajaba con la imagen de haber sido, tal como aseveraba la oposición,
un secretario en funciones interinas de Presidente.
52
Respecto al fraude electoral que una parte del gobierno se hizo a sí mismo,
el líder social cristiano Rafael Caldera proporcionó a la embajada
americana en Caracas un ejemplo de cómo tuvo lugar la conspiración.
En el Territorio Federal Delta Amacuro habían en la época
aproximadamente quince mil electores registrados, tres mil de ellos estaban
‘civilizados’ y doce mil indígenas: “El Dr. Caldera dijo que los padres Capuchinos
le habían informado que los doce mil indios electores estaban seguramente en las manos
del Gobierno, debido a la estrecha vigilancia de los delegados y a la ayuda y protección
dada a los indios. Sin embargo, cuando los primeros resultados vinieron se encontró que
Delta Amacuro había votado por URD y el Gobierno, en los primeros boletines,
anunció que URD había ganado un escaño en la Asamblea Constituyente por Delta
Amacuro. Los resultados finales, sin embargo, dados por el Gobierno el 13 de Diciembre
mostraron que Delta Amacuro había sido ganada por el FEI. Este cambio podría ser
interpretado como indicación de que el Gobierno había descubierto la traición que había
ocurrido en aquél territorio”(NARA, 731.00/12-1852). Otra sorpresa en los
resultados electorales había tenido lugar en la Colonia Agrícola Turén,
donde el gobierno había hecho un trabajo excepcional al darle a los
agricultores de aquélla región un mejor nivel de vida: “Un grupo, por ejemplo,
había recibido gratis casas nuevas, tierras limpias y aradas, escuelas, autobuses escolares,
casas clubes, cines, iglesia, hospital y todos los servicios médicos disponibles y la colonia
había costado para la fecha aproximadamente doce millones de dólares”(NARA,
731.00/12-1852). Con todo, el gobierno recibió de Turén solamente
unos pocos votos ya que los beneficiarios de la ayuda oficial votaron por
el partido URD.
Las contribuciones financieras, un elemento imprescindible para
cualquier campaña electoral, reafirmaban la certeza del complot. De
acuerdo a las investigaciones policiales, URD había gastado más dinero
que el gobierno y COPEI juntos. Algunos donantes habían sido
identificados, como en el caso del empresario Eugenio Mendoza, quien
había contribuido con quinientos mil bolívares, una cantidad alta para
la época. Sin embargo, el grueso de los recursos económicos provinieron
de la administración pública. Efectivamente, URD había gastado una
sorprendente cantidad de dinero. El punto de relieve estaba en que
para la fecha los individuos privados en Venezuela usualmente no
53
contribuían con grandes cantidades a los fondos de campaña de los
partidos políticos. De suerte que algún dinero probablemente vino de
fuentes del gobierno.
El 19 de diciembre de 1952, el director de la Seguridad Nacional Pedro
Estrada visita nuevamente a la embajada americana en Caracas. Allí admite
que si bien Pérez Jiménez debería acercarse y aprender de la gente, debido
a la traición de Miguel Moreno desconfiaba de todas la personas: “Estrada
dijo que mientras Moreno fue Secretario de la Junta rodeó a Pérez Jiménez solamente
con aquéllas personas que él deseaba que viera y de éste modo la visión política de Pérez
Jiménez quedó limitada en gran medida a los consejos dados a él por el grupo pro
Moreno” (NARA, 731.00/12-2252). El jefe de la policía secreta hace un
filoso comentario respecto al ex-presidente Suárez Flamerich, obviamente
con el deseo de descalificarlo: “... cuando él entró al gobierno tenía poco dinero,
pero después de dos años en el gobierno él ha hecho más que ningún otro de los altos
funcionarios”(NARA, 731.00/12-2252). Finalmente, Estrada excusa por
inevitable la expulsión de Jóvito Villalba y otros líderes de URD y acota
que “Pérez Jiménez había tratado de llegar a un acuerdo pero que ellos estaban ‘en su
alto caballo’, demandando el reconocimiento de una victoria completa de URD en las
elecciones, amenazando con llevar el asunto a la OEA y llamar a huelgas y causar
otros disturbios si sus demandas no fueran atendidas” (NARA, 731.00/12-2252).
Lucía claro que el propósito central de la visita de Estrada apuntó a ganar
el ánimo de la embajada de los Estados Unidos respecto a la estabilidad
política reinante.
En resumen, el 2 de diciembre de 1952 Pérez Jiménez asume la
Presidencia Provisional por un mandato institucional de las Fuerzas
Armadas. Descubierto el fraude que una parte del gobierno se había
hecho a sí mismo, los comandantes toman conciencia de la falta de un
verdadero partido político como fuente de poder. De modo que la
institución militar aparece como el único factor organizado capaz de
darle sustentación al Presidente. Debe tenerse presente que en su gestión
de gobierno, Pérez Jiménez no descartó la colaboración de hombres
civiles en las tareas de la administración pública; la participación de éstos
continuó a lo largo de aquellos años. Pero el punto de quiebre fue la
exclusión de Miguel Moreno de toda labor oficial al quedar en evidencia
54
su maniobra político electoral. Cesa la coexistencia de proyectos de
gobierno ante una clara dirección militar en la conducción del Estado.
Aunque en adelante no habrán vasos comunicantes entre el gobierno y
los partidos políticos, finaliza también la inestabilidad política presente
desde la conformación de la primera Junta Provisoria. Quizás la anécdota
ahorre mayores esfuerzos explicativos: Miguel Moreno intenta detener el
efecto en cascada que trajo el descubrimiento del fraude electoral. El 2
de diciembre de 1952, el jefe del grupo Uribante busca persuadir a
Germán Suarez Flamerich para que no renunciara a la Presidencia de la
Junta: “Pero ellos son los que tienen la fuerza”, expresa Suárez Flamerich sin
ánimo de oponer resistencia. “En su debilidad está la fuerza”, alcanzó a
contestarle inútilmente Miguel Moreno (Tamayo, 1963:112).
Comenzaba la dictadura militar. Su característica más acusada,
vale decir, la concentración y confusión de poderes, estaba a la orden
del día. Desaparecía el equilibrio de la distribución de poderes entre el
poder ejecutivo y los órganos políticos independientes los unos de los
otros. Un gobierno que en su origen se había proclamado transitorio
devenía permanente. El orden, al descansar de hecho en el arbitrio sin
freno del gobernante, confiscaba las instituciones liberales sin abrogarlas
expresamente. Había un parlamento, pero carecía de iniciativa con
respecto a las leyes; habían diputados, pero fabricados artificialmente.
Es posible que Marcos Pérez Jiménez apostara más al poder que a la
forma política con la que gobierna. No es descabellado presumir que
él se sintiera más cómodo gobernando con el respaldo de las Fuerzas
Armadas porque, al fin y al cabo, se trataba de un profesional de las
armas. En una situación de crisis marcada por la confusión y la ausencia
de una verdadera organización partidista que le diera piso político al
gobierno, resulta comprensible que Pérez Jiménez recurriera a las Fuerzas
Armadas como fuente de poder más segura y estable.
La dictadura no estuvo prefijada de antemano, ni fue un plan
impuesto sin mas por la voluntad omnímoda de un solo hombre. En
otras palabras, allí no hubo un destino cuya fatalidad predeterminó el curso
de los acontecimientos. Fueron hombres que hicieron el juego de la política
y en la que primaron, al igual que en otros lugares y épocas, condiciones
55
transtemporales asociadas a la voluntad de poder, al imperio de la fuerza,
a la consistencia institucional de la sociedad, así como a los problemas
derivados de la legalidad y la legitimidad en el gobierno de los hombres. Al
asumir el recurso de la dictadura como forma de poder, Pérez Jiménez
deviene en hijo de la fuerza de las circunstancias, una que eclosiona en el
terreno de las astucias y en la tardía comprensión de saberse atrapado en su
tejido. Y no es que el suyo fuera el caso de la brizna de paja movida por
fuerzas extrañas imposibles de controlar. Es claro que Pérez Jiménez había
dado pruebas irrecusables de ambición de mando, un atributo del que por
cierto no carecieron sus compañeros de ruta. Habiendo estado previamente
inmerso en dos hechos capitales de la vida pública nacional, era improbable
que fuera dejado a un lado; él hacía parte de las relaciones de fuerzas que,
por definición, es el poder. Con todo, el hecho a subrayar es que Pérez
Jiménez arriba a la Presidencia Provisional en una circunstancia política tan
inestable que, en sana lógica, no cabría suponerlo en el papel de haber
contribuido ex profeso a su empeoramiento.
El regionalismo geográfico, principal fuente de inspiración
política del grupo Uribante, no motivó por mucho tiempo a Pérez
Jiménez. El no respalda la idea de reivindicar los segundos cincuenta
años de gobiernos andinos quizás por haber internalizado los valores
nacionales más amplios de la educación militar. Pero es más creíble que
su desprendimiento regional no fue tanto el resultado de una reflexión
filosófica, sino el producto de un complejo pulseo de fuerzas donde él
participó en forma cada vez más protagónica. De otra parte, la
actuación de Miguel Moreno dibujaría a un político más lúcido que
escrupuloso, con una personalidad provista de una gran voluntad de
poder. Su determinación para asumir riesgos crecientes muestra en cierta
medida sus propias convicciones personales; quizás una de ellas pudo
haber sido el reconocimiento absoluto de la voluntad en la constitución
de la obligación moral del ser humano. Su maestría para la intriga lo
aproxima a un tipo de hombre político que Maquiavelo reclamó en el
buen gobernante, ese que frente a la variable realidad de la fortuna sabe
oponer las cualidades personales de la virtud política. Si Miguel Moreno
fue designado secretario de la Junta Militar por ser hermano del jefe de
56
la Fuerza Aérea, tuvo sin embargo un gran sentido de la oportunidad
para obtener provecho de la posición adquirida. Su capacidad para
montar una estructura de poder con objetivos políticos definidos casi
lo llevan a la Presidencia de Venezuela.
De manera que no hubo mala asesoría política cuando Miguel
Moreno convence al comandante Pérez Jiménez de llamar a elecciones
para la Asamblea Constituyente; aquel trabajaba a favor de sus propios
intereses. Aunque tampoco fue cierto que los partidos políticos ya estaban
muy arraigados en el cuerpo social. El gobierno había desmontado
toda la estructura sindical en manos de AD, al tiempo que había hecho
un buen trabajo entre los sectores populares y los trabajadores de las
principales ciudades del país. COPEI era un partido regional andino y
URD venía de una humillante derrota en la consulta electoral de 1947.
No fue un improbable cambio de línea abstencionista a última hora de
AD, partido que con sus votos causaría el triunfo de URD. La capacidad
organizativa de Acción Democrática había sufrido una importante
disminución tras fracasar en las sucesivas intentonas cívico militares contra
el gobierno. Fue la conspiración tramada por Miguel Moreno la razón
última que explica la derrota electoral del gobierno el 30 de noviembre
de 1952. Que Pérez Jiménez hubiera venido protagonizando un proyecto
militar y que, al mismo tiempo, no colocara todas sus aspiraciones
políticas en el cesto de la dictadura, muestra como la definición del
proyecto se decantó entre compromisos y desacuerdos, hasta llegar a
una ruptura final.
En fin, el alto mando militar decide cuando observa que los
partidos habían faltado a las reglas del juego electoral y en consecuencia
ya había sido suficiente con el experimento democrático. Al sentirse
permanentemente amenazado por el peligro de una nueva traición, el
gobierno de Pérez Jiménez entró en una dinámica de aislamiento
progresivo que se hizo imparable. Ahora bien, el hecho a subrayar no
fue tanto la soledad y la concentración de poderes en manos de un
hombre, sino el camino inesperado por donde llegó la dictadura.
No mintió el ex-presidente Marcos Pérez Jiménez cuando,
treinta y un años después de haber ocurrido el evento electoral del 30
57
Notas y bibliohemerografía
1. Centros de Fuentes Primarias
AHC (Archivo Histórico del Congreso Nacional). Caracas. Venezuela.
AHM (Archivo Histórico de Miraflores). Caracas. Venezuela.
NARA (National Archives and Record Administration). Washington, DC. USA.
BN (Biblioteca Nacional). Caracas. Venezuela
GU (Lyndon B. Johnson Library. Georgetown University). Washington, DC, USA.
2. Bibliografía
Acuña, Guido (1977) : Cuando mataron a Ruiz Pineda. Caracas, ediciones Rafael
Arévalo González.
___________ (1990) : Pérez Jiménez. Un Gendarme Innecesario. Caracas, editorial
Pomaire Venezuela.
Angulo Rivas, Alfredo (1993) : Adios a la Utopía. Caracas, Alfadil Universidad de
Los Andes.
Barreto, Braulio (1982) : Confesiones de un Esbirro. Caracas, editorial Caracas 2000.
Betancourt, Rómulo (1986) : Venezuela, Política y Petróleo. Caracas, Monte Avila
Editores.
Blanco Muñoz, Agustín (1983) : Habla el General. Caracas, UCV.
de noviembre de 1952, declaró al respecto lo siguiente: “Fraude electoral...
pues sí, lo hubo en el sentido que desde sectores de nuestro gobierno comenzaron a
manipular las elecciones para que se perdieran. Ahí comienza el fraude electoral [...]
Si los partidos que están en la oposición en connivencia con gente del gobierno fraguan
la mistificación de las elecciones, el comienzo del fraude está ahí. Lo que sucedió
después fue una enmienda al fraude...” (Blanco Muñoz, 1983:135). De haber
comunicado oportunamente la verdad de los hechos, quizás el gobierno
de Pérez Jiménez no se hubiera visto forzado a ‘acomodar’ los resultados
electorales, ni hubiera sufrido la mácula de un origen dudoso. Pero la
historia tiene sus pasadizos, sus recodos y sus sorpresas.
